DEIA, 30/08/2002

El estado de emergencia dictado por el nacionalismo españolista y sus aliados contra Euskadi es ya fronterizo con la guerra. Algún día se conocerán las razones por las que, en lugar de que el Gobierno Aznar instase al Fiscal para proceder contra Batasuna y, en su caso, obtener su ilegalización por la vía judicial ordinaria, se ha preferido el esperpento del lunes. ¿Por qué se decidió una vía ‘‘democrático-constitucional’’, al margen de la penal, implicando al Congreso de los Diputados en una función de gobierno que no le compete?. ¿Por qué esta desorbitada y reprobable presión institucional sobre el Tribunal Supremo, del que ya se asegura en altas tribunas mediáticas que tiene el deber de actuar como se le pide pues, de lo contrario, cometería una prevaricación histórica?.

Hay quienes dicen que el Gobierno y el PSOE se han encontrado ante una necesidad política. Ya sabemos que la necesidad no tiene ley y que es una violenta escuela. Pero ¿dónde estaba la necesidad?. Y si realmente existía ¿por qué la Ley de Partidos y no simplemente el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal?. ¿Cuándo surge la necesidad?. Ni PP ni PSOE incluyeron en sus programas electorales, bien recientes, la ilegalización de Batasuna. Ni tan siquiera la terrible batalla que precedió al 13-M ­la gran derrota del españolismo en Euskadi­ inclinó al PP o al PSOE a plantear esa cuestión. ¿Por qué ahora depende de ella la seguridad del Estado y el honor del sistema?.

La ilegalización de Batasuna pone en cuarentena a las formaciones políticas integradas en el Gobierno Ibarretxe y al marco social, institucional y cultural que constituye el entorno de cada una de ellas y del propio Gobierno. Es una decisión que busca la ‘‘criminalización directa’’ del nacionalismo moderado, rodeándolo de sospechas, insidias e imputaciones de colaboración con la violencia y los violentos. Es una permanente amenaza de que, como bien dijo Anasagasti, en cualquier momento, si conviniese al poder, se podría ilegalizar al PNV y EA. Al menos, acosarlos y amedrentarlos con tal amenaza. Rotos todos los puentes con los nacionalistas ­como aseguró Begoña Lasagabaster­ es prácticamente imposible otra dialéctica que la violencia institucional contra Euskadi.

Es curioso que, aturdidos y asombrados por el adefesio legislativo-institucional al que asistimos, muy pocos hayan analizado la tremenda situación en que se coloca a la Sala Especial del Supremo, que es la llamada a enjuiciar y resolver la demanda ‘‘democrático-constitucional’’ del Gobierno, instada por el Congreso de los Diputados. La Sala está compuesta por dieciséis magistrados, tres por cada una de las cinco salas del alto Tribunal. Jueces que han llegado a la cúpula de su carrera. Jueces que conocen perfectamente la actitud del propio Tribunal Supremo cuando rechazó la ilegalización de Herri Batasuna solicitada por el fiscal general a instancias del Gobierno González. Magistrados que están al tanto de la filosofía constitucional del Parlamento Europeo ­nada proclive a la jibarización de la democracia mediante la ilegalización de partidos políticos minoritarios, por radicales que sean­ y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para quien la libertad de expresión, el derecho de asociación política y el pluralismo democrático deben ser defendidos con uñas y dientes si no queremos destruir lo que aún nos pueda quedar del viejo ideal de la democracia.

Jueces, en fin, que tienen perfecto derecho a preservar su honestidad y su imparcialidad, es decir, su independencia, porque saben que, como decía Rousseau, toda dignidad se funda en la independencia y estar manipulados es estar esclavizados. ¿Se prestarán a la ceremonia de sumisión a que les incitan el Gobierno Aznar y el Congreso de los Diputados?. ¿Aceptarán el envite de fallar como prácticamente se les ordena o aceptar que hacer otra cosa es prevaricar?.

Dijo el Lord Canciller Lyndhurst: ‘‘Un buen juez debe ser, ante todo, honesto; debe tener valor y ser un caballero; si además tiene conocimientos jurídicos, le vendrán muy bien’’. Por encima de todo, la honestidad, el valor y la caballerosidad. No son virtudes compatibles con dejarse utilizar como herramientas del poder. Los eminentes jueces del Supremo deberían reflexionar profundamente en esta dimensión de la independencia judicial, que es la única posible cuando se quiere mantener, por encima de todo, el orgullo y la dignidad del oficio. Y deberían recordar las tremendas palabras del Coriolano de Shakespeare: ‘‘Cuando el pie se cangrena una vez, sus antiguos servicios no le valen ya ningún respeto’’. Si algunos piensan que cediendo a la tremenda presión institucional van algún día a recuperar su prestigio, están profundamente equivocados. Sus antiguos servicios no les valdrán ya ningún respeto